El “alambique de datos” destila falsedades y canalladas
Aunque en la campaña electoral y en mi vida en general siempre ha estado apegado a la verdad como norma de comportamiento, me llamó la atención que cuando fui candidato presidencial, La Nación pesara y midiera cada palabra mía, con el fin único de retorcer y tergiversar algún elemento informativo con el cual hacerme daño.
Entufada en la unidad de investigación y análisis de datos, se encontraba Nathasa, quien curiosamente mientras trabajó para el periódico La República, tuvo un comportamiento distinto y más serio.
Su cambio sobrevino cuando empezó a respirar los gases del paredón de La Nación, donde pasó a formar parte de una línea editorial que en el caso de lo concerniente a mi, siempre encontró las maneras de hallar la paja en el ojo ajeno y muchas veces crearon hasta leños.
La Nación fue un medio hostil en mi contra, veinte años antes de mi candidatura, sencillamente continuaron la persecución goebeliana que comenzó cuando yo había sido ministro de Seguridad y de Justicia en la odiada administración Figueres Olsen, entre 1994 y 1997.
Así en notas como “Usó premisa falsa para cuestionar pensión del presidente del TSE”, escrita por Rebeca Madrigal Quirós, no hay duda de que hubo influencias del entorno encabezado por Natasha Cambronero Rodríguez, que a su vez estaba en el terrario que otrora ocupara la Gianina Segnini, mucho antes de hacerse pipi en el concierto de U2.
Y bajo la premisa de cuestionar sin argumentos serios, dado que detrás había siempre un interés engañoso del pasquín llorentino para favorecer a sus fuerzas políticas como a Antonio Álvarez y Nuria Marín (PLN) y a Carlos Alvarado (PAC), desde la unidad de investigación y análisis de datos, pusieron patas arriba lo apuntado por mi persona y mi equipo de campaña sobre el plan de gobierno.
Recuerdo a esta señora, sentada en el suelo de nuestra casa en Barrio Amón, el día que le entregamos a la prensa nuestro programa “El País Azul”. Su entufado rictus y su descortesía idéntico a Segninis, Vizcaínos, Fonsecas, Mayorgas y Ulibarris demuestra la enrarecida atmósfera del paredón llorentino.
Chillaron por nuestro interés por mejorar el obsoleto Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) así como elementos de lo sugerido en el ámbito educativo y hasta se me achacó de forma errónea e irresponsable la firma del Código Penal de 1996. Se adujeron argucias, pero las argucias reales y verdaderas las expusieron los reporteros de La Nación.
Aunque hace poco tiempo, habían llegado a un oscuro acuerdo con el PAC gobierno, para que el tren llegará hasta su fracasado Parque Viva, claro esos datos no pasaron por el atanor de Natasha.
Cambronero trabaja, en muchos casos, detrás de escena y después de un debate electoral en el que critiqué el Código Procesal Penal de 1996, los mañosos investigadores de La Nación acudieron a un doctor que habla alemán y pronto publicaron que yo sí firmé esa ley.
Mentira absoluta. Yo soy abogado y hablo como abogado, no como un lego que desconoce quienes firman las leyes. El “ejecútese y publíquese” del Código Procesal Penal aún vigente, sólo fue firmado por los dos miembros del Poder Ejecutivo, el presidente Figueres Olsen y la ministra de justicia Clarke Clarke. Yo ocupaba otra cartera y no me correspondía rubricarla.
Estuve como testigo de honor en la firma del acta y participé en mi condición de invitado del presidente, como otros funcionarios entre los que recuerdo al magistrado presidente.
La experta periodismo de datos, no consultó el Alcance 31 a La Gaceta 106 del 4 de junio de 1996, la ley 7594, Código Procesal Penal, donde pudo constatar que fue el mismo Antonio Álvarez Desanti, (que les pasó mal el cuento, para hacer ese y otros escándalos) quien era el presidente de la Asamblea Legislativa y el 28 de marzo de 1996, firmó esa junto con los diputados Álvaro Azofeifa Astúa y Manuel Antonio Barrantes Rodríguez. El 10 de diciembre de 1996, en Casa Presidencial, firmaron únicamente el presidente José́ María Figueres Olsen y la ministra Mauren Clarke Clarke. Por ninguna parte el diario oficial mencionó mi nombre, ni tenía por que hacerlo.
De mi presencia protocolaria en ese momento, se valió La Nación para erosionar mi imagen de aspirante presidencial, mintiendo y mintiendo y pisoteando la norma constitucional sobre la composición del Poder Ejecutivo y la verdad documental indiscutible.
¿Quién estaba detrás de tales acciones? En cualquier periódico que se acuda a estas prácticas, ese tipo de materiales tendrán que haber pasado por la sección de investigación y análisis de datos. Hay que puntualizar que dicho trabajo dejaba muchas dudas, porque no profundizaron lo suficiente, o no quisieron ahondar lo necesario porque eso contravenía la línea editorial del medio llorentino.
Así es como Natasha operaba desde la penumbra enrarecida del paredón, pero gozando del periodismo fusilero, carente de ética, de verdadera validación de datos y dispuesto a encontrar una falsa fisura para acribillar con elementos fácticos alterados la credibilidad, la honradez y el buen hacer de mi persona como ciudadano.
Detrás de la campaña sobre la financiación del Partido Integración Nacional y con el único fin de ensuciar al empresario Raymond Salim Simaan, también estaba la “poderosa” unidad de investigación y manejo de datos de La Nación, con Cambronero Rodríguez como testigo de excepción… aunque no firmara… Pero a pesar de los datos que manejaban sobre la catarata de miles de millones que entraba y salía del banco BCT, nunca chistaron, nunca publicaron nada.
La razón era muy simple: Al señor Simán había que lincharlo por haber comprado bonos para mi campaña y aún después de las elecciones – haciendo eco de una boconada de Villalta- siguieron lapidándolo y lanzándome salvas de fusil guajiro. No importaron los diez mil millones que los inversionistas ocultos del Banco BCT entregaron al PAC, al PUSC, al PLN y al FA, ni los mil ochocientos millones en intereses, que se echaron a la bolsa los anónimos ganadores en menos de un año. Toño Sobrado ordenó a su peón Ronald Chacón Badilla que revolcará hasta las alcancías de Siman, pero al Banco de Baruch, ni una notita de solicitud de datos. Datos, datos, datos que apasionan a Natasha.
Visto lo ocurrido, resulta vergonzoso con el paso del tiempo que se cuestionara, sin fundamento alguno, la participación democrática de una persona que en aquel momento creyó en lo que yo hacía como candidato presidencial.
¿Es, de nuevo, un periódico como La Nación es el que tiene la potestad de determinar quién y cómo invierte una persona en una campaña electoral?
¿Por qué dicho medio, tan dado a la transparencia, no se preguntaba el por qué un banquero de origen judío acaparaba toda la financiación de los grandes partidos políticos del país?
¿Y qué hacía en la unidad de investigación y manejo de datos la periodista estrella Cambronero Rodríguez para contarle al país sobre esa concentración de intereses, sin que el Tribunal Supremo de Elecciones hiciera o cuestionara nada?
Es fácil agazaparse y lanzar acusaciones, cuestionamientos y publicar noticias carentes de equilibrio informativo y ético: y esa es una baza a la que se atiene Natasha en La Nación. La perversa escuela de La Nación, de distorsionar y manipular las informaciones, encontró en Cambronero Rodríguez a una fusilera impetuosa que tiene frían puntería para disparar sobre mi honor, sin parpadear y sin remordimiento.
